Hoy, 23 de julio de 2025, se llevó a cabo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones forzadas en el contexto de la militarización de la seguridad pública, solicitada por el CDH, Amnistía Internacional, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas.
La abogada Vivian Idrovo, en representación de la Alianza, denunció que, tras la declaratoria de “persistencia del conflicto armado interno”, el Estado ha desplegado a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control, vulnerando los principios de subsidiariedad, temporalidad, sujeción a autoridades civiles y rendición de cuentas. Esta situación ha generado un alarmante aumento de violaciones graves a los derechos humanos y ha evidenciado la ineficacia de las políticas de seguridad ciudadana.
Por su parte, el abogado Fernando Bastias Robayo, del área de protección a víctimas del CDH, identificó patrones comunes en los casos que acompaña la organización: negligencia en la tipificación de las denuncias (muchas fueron tratadas como desaparición involuntaria o secuestro), encubrimiento institucional por parte de las FFAA y respuestas revictimizantes hacia las familias. Al igual que en el caso de los cuatro niños de las Malvinas, advirtió sobre la pretensión estatal de desconocer la existencia de desapariciones forzadas.
Miembros del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas compartieron testimonios sobre el impacto devastador que las desapariciones forzadas tienen en sus vidas, en particular en niños, niñas y adolescentes. Denunciaron además la falta total de atención psicológica, social y económica por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Amnistía Internacional presentó hallazgos preliminares de una investigación que concluye que muchas detenciones han ocurrido en el marco de operativos de seguridad pública y, en los casos analizados, se trataría de detenciones arbitrarias cometidas por personal militar ecuatoriano armado y uniformado. Además, documentaron la negativa sistemática de las Fuerzas Armadas a reconocer las detenciones, negando información a las familias, a las autoridades judiciales y en audiencias de hábeas corpus. Señalaron que estos hechos deben ser investigados como desapariciones forzadas, un crimen internacional.
El Sr. Jan Jarab, alto representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, recordó que el uso de militares en seguridad ciudadana debe ser subsidiario, temporal, subordinado a autoridades civiles y sujeto a rendición de cuentas. Expresó su preocupación por la reciente Ley de Solidaridad Nacional, que incluye indultos anticipados para miembros de la fuerza pública responsables de violaciones a los derechos humanos y prohíbe la prisión preventiva en esos casos.
En representación de la CIDH:
La comisionada Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión, afirmó:
“Las políticas de seguridad no pueden implicar violaciones a los derechos humanos. No son errores. No es daño colateral. Es un fracaso de las políticas de seguridad que se cometan violaciones a derechos humanos”.
Además, pidió al Estado que explique los mecanismos de verificación y evaluación de sus políticas, tomando en cuenta el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.
La comisionada Gloria Monique de Mees destacó la urgencia de garantizar atención psicosocial adecuada para las familias de personas desaparecidas.
El comisionado y presidente de la CIDH, José Luis Caballero, rechazó la petición de revocatoria de prisión preventiva en el caso de los cuatro niños afroecuatorianos de las Malvinas, y señaló que se debe actuar con un enfoque claro de protección a la niñez y adolescencia.
La Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido, planteó interrogantes clave sobre el papel de las Fuerzas Armadas: ¿colaboran con las investigaciones penales? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las autoridades para esclarecer los hechos?
Por parte del Estado, intervino el representante de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Baños, quien anunció la incorporación de un nuevo fiscal a la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza y reiteró el compromiso institucional de garantizar el acceso a la justicia. Informó que actualmente la Fiscalía investiga más de 31 casos de desaparición forzada.
Desde el CDH, reconocemos esta audiencia como un paso fundamental para visibilizar la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país a raíz de la militarización de la seguridad pública. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad en casos de desaparición forzada. En este marco, presentamos ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Finalmente, lamentamos la escueta, insensible y poco detallada intervención de las instituciones del Ejecutivo, como las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, . La vigencia del Estado de Derecho no solo exige garantizar los derechos fundamentales, sino también un compromiso institucional activo para evitar que las graves violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad.
- Al Estado ecuatoriano, se le exhorta a:
Realizar de forma urgente la búsqueda de personas desaparecidas.
Llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas.
Garantizar la plena cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones, incluyendo la entrega de toda la información requerida por la Fiscalía.
Garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares, permitiéndoles participar en las búsquedas e investigaciones, protegiéndoles y brindándoles acompañamiento psicosocial.
- A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se le solicita que inste al Estado ecuatoriano a:
Adoptar una política integral contra las desapariciones forzadas, que incluya medidas de prevención y contemple especialmente la situación de niños, niñas y adolescentes.
Revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública, priorizando un enfoque centrado en derechos humanos.
Permitir visitas al país por parte de la CIDH y otros mecanismos internacionales, y aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía en casos de desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos.
- Finalmente, se solicita a la CIDH que:
Considere incluir a Ecuador en el Capítulo IV.B de su informe anual, ante la gravedad de la situación presentada.
Mantenga un monitoreo público y sostenido sobre los casos de personas desaparecidas en el país.
Se pronuncie de manera pronta sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por familiares de personas desaparecidas.
