El 23 de junio de 2025, a las 9h20, en la sala de reuniones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, se registró un testimonio sobre un allanamiento presuntamente ilegal a una vivienda en un sector popular del noroeste de la ciudad. El registro fue tomado por Billy Navarrete, con la presencia de Fernando Bastidas, María Luisa Pazmiño del CDH.
Según relatan, el lunes 16 de junio, en horas de la tarde, un grupo de hombres armados y encapuchados, con chalecos que decían “policía”, ingresaron por la fuerza a una vivienda donde reside “Gina”. Al momento del allanamiento, ella no se encontraba en casa y fue alertada por llamadas de familiares. Al llegar horas después, encontró que la puerta había sido tumbada y el interior completamente revuelto. Relata que “faltaba dinero, alcancías y otros objetos de valor”, y que su hermano grabó un video del estado en que quedó la vivienda.
“Sara”, vecina y familiar, presenció el ingreso de los agentes. Desde su ventana, su esposo advirtió la presencia de hombres armados: “Me gritó: ‘¡Tírate al suelo!’, y yo sin entender lo hice, él pensó que nos iban a secuestrar”, recuerda. Al salir a verificar qué sucedía en la casa de su abuelo, que es donde vivía “Gina”, ya habían derribado la puerta. “Un policía le gritaba a mi hijo de 11 años. Él, nervioso, decía que ahí solo viven mi tía y su hija”, contó.
“Sara” intentó explicar que la ropa de hombre colgada era de su esposo, ya que usaban ese domicilio para lavar, pero los agentes insistieron en que se les había mentido. Ambas testigos denunciaron la pérdida de dinero: “Había tres alcancías y solo quedó una. La otra tenía billetes y monedas. Se llevaron todo”, dijo “Gina”. Además, aseguraron que un celular fue revisado sin consentimiento y una laptop fue dañada durante el operativo.
Al intentar obtener información en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cercana y en otras dependencias, las autoridades no les entregaron el parte del operativo. “Nos decían que no había parte, que no podíamos denunciar si no sabíamos los nombres de los policías”, explica “Sara”, quien también señaló que ninguno de los agentes mostró identificación ni placas en los vehículos.
Al presentar el video grabado, lograron identificar a uno de los agentes. “Yo le dije al mayor que ese era el hombre que gritaba a mi esposo, lo reconocí por sus ojos claros”, relata “Sara”. A pesar de esto, no se les permitió avanzar con la denuncia formal.
Ambas testigos afirman que su barrio era tranquilo, y que no se justificaba una acción de esa magnitud. “Ni siquiera sabíamos que eran policías. Pensamos que nos iban a matar. No vinieron a cuidarnos, vinieron a robar”, dijo “Gina”.
El Comité observó que el ingreso se habría hecho sin orden judicial y sin una causal clara que justifique el uso de fuerza. “Aunque la ley permite allanar sin orden en casos de persecución ininterrumpida, esto solo aplica si se identifica claramente al sospechoso entrando en un domicilio, lo cual no ocurrió”, explicó Fernando Bastidas. También señaló que la negativa de recibir la denuncia y de entregar el parte policial constituye una violación al debido proceso.
Las testigos concluyen que se sienten vulnerables y desamparadas. “Destaparon hasta el tanque del inodoro… y no teníamos nada. Solo vivimos dos mujeres ahí, y ni siquiera estábamos”, dijo “Gina”, quien sostiene que el dinero confiscado no era evidencia, sino sus ahorros personales.
